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Ley de Transparencia

 

Portal de la transparencia (abre en nueva ventana) La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información pública y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos.

La Ley se aplica a todas las Administraciones Públicas y a todo el sector público estatal. También se aplica a las fundaciones públicas, las sociedades mercantiles, personas físicas o jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas así como a otras instituciones, como la Casa de Su Majestad el Rey, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Banco de España, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo.

En lo que respecta al derecho de acceso a la información, la norma parte de una perspectiva extraordinariamente amplia tanto en lo relativo a la titularidad del derecho, que se reconoce respecto a todas las personas, ya sean físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras como respecto del objeto del derecho. En efecto, el concepto de información pública que regula la ley permitirá que casi toda la información en poder de los sujetos obligados sea conocida, con la única salvedad derivada de límites como la seguridad nacional o la defensa, cuyo objetivo es la protección de otros intereses jurídicos cuya salvaguarda también compete a las Administraciones Públicas.

Por último, las obligaciones de buen gobierno establecidas en la ley se aplican a los altos cargos de todos los niveles administrativos: Administración Central, Autonómica y Local. Estas obligaciones se configuran como un régimen de infracciones y sanciones dirigidas a sancionar conductas especialmente gravosas para el interés público, permitiendo así la depuración de responsabilidades y la rendición de cuentas.

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